La elección de Pedro Castillo trajo consigo una esperable fuga de capitales del país. Las personas retiraron ahorros de bancos y cajas, vendieron valores y rescataron cuotas de fondos mutuos. Las empresas hicieron lo propio. Redujeron el capital y pagaron mayores dividendos con el objetivo de poner a buen recaudo el capital de sus accionistas. Así, los recursos se trasladaron en gran medida al exterior, una parte se parqueó en los 4 grandes bancos y otra fue a parar debajo de los colchones.
Han transcurrido 8 meses y más allá de asaltar el Estado como botín, el gobierno ha sido incapaz de proponer una agenda al país, gestionar los distintos sectores y menos, cambiar la constitución. Por el contrario, el impacto del desgobierno en el bolsillo del ciudadano, sumado a los hechos delictivos que la prensa viene poniendo al descubierto, han traído en picada la aprobación del presidente y se augura un fin anticipado de su mandato.
Entretanto, el país ha seguido creciendo, aunque por debajo de su potencial. La recuperación post pandemia y los años de estabilidad macroeconómica e inversión privada han contribuido a ello.
Internacionalmente, el retroceso del Covid-19 aunado a los estímulos de los gobiernos por sostener el empleo y el consumo, han desencadenado una presión alcista en los precios y los bancos centrales se han visto obligados a intervenir elevando los tipos de interés para mantener la inflación bajo control. Así, la Reserva Federal norteamericana señaló recientemente un cambio de tendencia y anunció el primero de varios ajustes progresivos en la tasa de interés interbancaria.
Entretanto, las principales bolsas mundiales se encuentran cerca de sus máximos históricos y un ajuste en las tasas de interés incrementa el costo de financiamiento de las empresas y por ende afecta el valor de sus acciones y el precio de los bonos. Es decir, acciones, bonos y fondos mutuos internacionales con perspectivas a la baja.
En cuanto a los activos inmobiliarios internacionales, el retorno progresivo a las actividades presenciales ha traído consigo una recuperación significativa en el valor de los inmuebles en las grandes ciudades. Ello, sumado al incremento del costo de financiamiento, modera las perspectivas de apreciación adicional en el corto plazo.
Entretanto, en el Perú los negocios han seguido funcionando, los precios de los inmuebles aún no se recuperan, aunque los niveles de vacancia se han reducido ligeramente. Los bancos han restringido el crédito a las empresas y las necesidades de capital de trabajo de los negocios se encuentran insatisfechas.
La deuda privada, llámese préstamos de capital de trabajo a las empresas a través de fondos de inversión y fideicomisos, así como el financiamiento de empresas a través de la compra de facturas (factoring) gozan de alta demanda y retornos atractivos en términos reales.
Por el lado inmobiliario, los proyectos de desarrollo se han frenado dada la contracción de la demanda y la preferencia de los inversionistas por inversiones de menor plazo. Sin embargo, la renta inmobiliaria presenta oportunidades interesantes. Permite adquirir inmuebles a precios descontados, protegidos de la inflación, y recibir un retorno atractivo en dólares en forma mensual producto de los alquileres.
Es así como la fuga de capitales que trajo la llegada del “socialismo del siglo 21” al Perú viene dando paso a un cauto, pero progresivo regreso de capitales al país sustentado por las mejores perspectivas de retorno vs. riesgo que presentan ante un escenario internacional adverso.
